El pasado 5 de diciembre, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 1007/2023, que establece un nuevo reglamento para los sistemas y programas informáticos o electrónicos utilizados en los procesos de facturación de empresarios y profesionales. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de diciembre, este reglamento busca estandarizar los formatos de los registros de facturación y asegurar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos.
El nuevo reglamento responde a la necesidad de modernizar y digitalizar el ecosistema empresarial español, especialmente para pymes, microempresas y autónomos. Entre sus objetivos principales se encuentra la eliminación del uso de software de doble uso, que permite llevar una doble contabilidad, y la mejora del cumplimiento tributario.
Los sistemas de facturación deberán cumplir con requisitos técnicos específicos, como la generación automática de registros de facturación y la inclusión de un código QR en las facturas completas y simplificadas. Además, se permitirá la remisión voluntaria de los registros de facturación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), facilitando así la verificación y el control tributario.
Este real decreto es un paso significativo hacia la digitalización completa del empresariado español, promoviendo un ahorro de costes y una mayor competitividad en una economía cada vez más digitalizada y global.
En particular, la norma establece que el registro informático de facturación de alta ha de incluir, entre otros datos, la siguiente información:
- Número de identificación fiscal y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura.
- El número y, en su caso, serie de la factura.
- La fecha de expedición de la factura y la fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan en ella, o se haya recibido el pago anticipado, en su caso, si la fecha del pago es distinta a la de expedición de la factura.
- El tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o simplificada y, en su caso, el detalle adicional que proceda para la correcta identificación de la tipología de factura expedida.
- La descripción general de las operaciones.
- El importe total de la factura.
- Indicación del régimen o regímenes aplicados a las operaciones documentadas a efectos del IVA, o de otras operaciones con trascendencia tributaria.
- Indicación de si el destinatario de la factura es el sujeto pasivo del IVA conforme a los ordinales 2.º y 3.º del apartado uno del artículo 84 de la LIVA.
- La base imponible de las operaciones, la cuota del IVA, el tipo o tipos del recargo de equivalencia aplicados, y la cuota del recargo de equivalencia.
- Si la operación no se encuentra sujeta al IVA, el importe que corresponde a dicha operación y la causa de la no sujeción al impuesto.
- Fecha, hora, minuto y segundo en que se genere el registro de facturación de alta.
A su vez, el nuevo Real Decreto también incorpora dos elementos de seguridad para garantizar que no se alteren los registros de facturación una vez producidos: el «hash» encadenado (cada factura genera una huella única que la liga con ciertos elementos de las facturas anteriores, por lo que una modificación en cualquier factura altera esa huella) y la firma electrónica de los registros (que no es necesaria en el caso de envío de datos voluntario a la Agencia Tributaria).
Y es que, asimismo, se prevé la posibilidad de que, voluntariamente, los obligados tributarios puedan remitir inmediatamente a la Administración tributaria, de forma automática y segura por medios electrónicos, todos los registros de facturación generados en sus sistemas informáticos, caso en el que se entenderá que esos sistemas informáticos ya cumplen por diseño los requisitos técnicos mencionados.
Por lo demás, todo sistema informático que se emplee para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la norma debe contar obligatoriamente con una declaración responsable de la que quede constancia formal, expedida por la persona o entidad productora, fabricante o desarrolladora del mismo, que asegure el compromiso por parte de esta de suministrar productos digitales que cumplan con los requisitos establecidos en la LGT y el reglamento ahora publicado. Con ello, certificarán que sus sistemas informáticos se ajustan a las normas y responden a dichos requisitos ante quienes los adquieran o utilicen.
Finalmente, y habida cuenta de que la factura electrónica se presenta como una modalidad cada vez más extendidas y de que el contenido de este real decreto resulta compatible con la implantación de la factura electrónica, la norma introduce una serie de modificaciones en el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, a fin de realizar las correspondientes adaptaciones al texto como consecuencia de la nueva regulación establecida en este real decreto. Así, y por ejemplo, se modifican los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, a fin de establece que, tanto en las facturas completas como simplificadas expedidas utilizando los sistemas informáticos que desarrolla el nuevo reglamento deberá incluirse además, el siguiente contenido:
- La representación gráfica del contenido parcial de la factura mediante un código «QR». En el caso de que la factura sea electrónica, la representación gráfica podrá ser sustituida por el contenido que representa el código «QR».
- Estas facturas, sean electrónicas o no, incorporarán además la frase «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» o «VERI*FACTU» únicamente en aquellos casos en los que el sistema informático realice la remisión de todos los registros de facturación a la AEAT conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del citado Reglamento.
Entrada en vigor
Tanto el real decreto como el reglamento aprobado entraron en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, esto es, el 7 de diciembre de 2023.
Ahora bien, los obligados tributarios deberán tener operativos los sistemas informáticos adaptados a las características y requisitos establecidos antes del 1 de julio de 2025.